Por Camila Sánchez - RedCaquetáPaz. Miembro de la PID Amazonía

 
En 2018, tres años después del compromiso nacional por reducir a cero la deforestación en la región amazónica, la Corte Suprema de Justicia consideró que la situación de deforestación en la Amazonía era tal, que amenazaba y vulneraba, principalmente, el derecho fundamental de las futuras generaciones a gozar de un ambiente sano, y ordenó la protección inmediata de la región a través de la sentencia STC 4360 de abril de 2018[1], bajo cuatro frentes de acción:
 

• El primero de elaboración de un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para responder con urgencia a los impactos de la deforestación en los territorios y los potenciales efectos asociados al cambio climáticoEs la alteración global del clima debido a acciones de tipo antrópico que se reflejan en cambios, normalmente extremos, de patrones de lluvias o épocas de sequía.  El cambio climático puede implicar tanto en aumentos como dismunición de la temperatura en algunas zonas de La Tierra que afectan la biodiversidad, el recurso hídrico y las comunidades más vulnerables a estos cambios. 
• El segundo, de construcción de un pacto denominado PIVAC- “Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano”, que vincule de manera integral a la población civil en la materialización de acciones por la reducción de la deforestación
• El tercero, a garantizar la actualización e implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial, con un fuerte componente de acción para la reducción a cero de la deforestación en el territorio, incluyendo estrategias pedagógicas, preventivas, obligatorias y correctivas para la superación de dicha problemática ambiental así como para la adaptación a los fenómenos del cambio climáticoEs la alteración global del clima debido a acciones de tipo antrópico que se reflejan en cambios, normalmente extremos, de patrones de lluvias o épocas de sequía.  El cambio climático puede implicar tanto en aumentos como dismunición de la temperatura en algunas zonas de La Tierra que afectan la biodiversidad, el recurso hídrico y las comunidades más vulnerables a estos cambios. 
• Y el cuarto, a exigir y disponer las condiciones para que las corporaciones autónomas regionales[2] apliquen medidas policivas, judiciales o administrativas en respuesta a las alertas asociadas a la deforestación[3]

 
Un año después de emitida la sentencia, en Caquetá, las cifras de deforestación continúan siendo abrumadoras[4], y aún más preocupante, la ausencia de acciones eficaces desde las administraciones municipales para contrarestar este fenómeno.
 
De acuerdo con esta sentencia, se obligaba a los municipios a realizar en los cinco (5) meses siguientes la notificación de la misma, la actualización de los POT (Planes de Ordenamiento Territorial), PBOT (Planes Básicos de Ordenamiento Territorial) y (Esquemas de Ordenamiento Territorial), donde se incluyese en ellos, planes concretos para reducir a cero de la deforestación local, planes que además debían presentar “…estrategias medibles de tipo preventivo, obligatorio, correctivo y pedagógico, dirigidas a la adaptación del cambio climáticoEs la alteración global del clima debido a acciones de tipo antrópico que se reflejan en cambios, normalmente extremos, de patrones de lluvias o épocas de sequía.  El cambio climático puede implicar tanto en aumentos como dismunición de la temperatura en algunas zonas de La Tierra que afectan la biodiversidad, el recurso hídrico y las comunidades más vulnerables a estos cambios. .” [5].
 
En Caquetá, la información que ofrece CORPOAMAZONIA[6] sobre el estado de estos instrumentos es desalentadora, pues su consolidado demuestra serios atrasos en este y muchos otros procesos de planificación territorial (Tabla 1).

 
Lo que también se ve reflejado en la información disponible sobre el seguimiento y evaluación de los expedientes municipales, mismos que sólo se encuentran para cinco municipios (Belén de los Andaquíes, El Doncello, El Paujil, La Montañita y San Vicente) y datan del 2009.
 
Dicha información se muestra tan desactualizada que cabe pensar en una falta de actualización de los canales de información de la corporación, sin embargo, este mismo hecho no deja de ser preocupante en la medida que la autoridad ambiental por función y por obligatoriedad de cumplimiento con la sentencia, también debe, no solo artitular, si no priorizar acciones de seguimiento y trabajo conjunto para dar respuesta a esta problemática ambiental.
 
Sin embargo, aunque este organismo tiene gran responsabilidad en el proceso, está claro que de el no depende la transformación de la realidad de la deforestación en el departamento.
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 388, “…El ordenamiento del territorio municipal comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales…”
 
Esto significa que para llegar a la actualización e implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial, con un fuerte componente de acción para la reducción a cero de la deforestación en el territorio, es fundamental contar con conocimientos científicos, métodos, equipamiento y capacidad técnico administrativa local, cosa que de hecho, constituye uno de los mayores y más generalizados problemas en los municipios de Caquetá y casi con certeza en todos los municipios de la Amazonía.
 
Con esta realidad, quizá este punto sea el más retador de los establecidos en la sentencia, pues no solamente parte de una difícil tarea que es la actualización de los POT, si no, la implementación de los mismos en un escenario principalmente rural, lleno de limitaciones en términos de comunicación, salud, educación, trabajo, seguridad, entre otras muchas necesidades a las que se le suma la corrupción y un incipiente sentido de pertenencia por los recursos naturales, no sólo por parte de los gobernantes, si no también de la sociedad civil.
 
Entonces, ¿Cómo la Amazonía accede a sus nuevos derechos?. Esta pregunta indefectiblemente nos lleva a pensar en uno de los temas más controversiales en materia ambiental: el desarrollo ambientalmente sostenible… o sustentable?. En realidad no vale la pena ahondar en definiciones y conceptos, pues nadie puede desarrollar algo que no conoce.
 
Quizá esta afirmación confunda, pero veamos un ejemplo: La Amazonía es la casa de 960.239 habitanes, de los cuales el 54,4% vive en zonas rurales[8]. Esta población está íntimamente vinculada a su casa, y como cualquier ser humano del planeta depende de recursos vitales como el agua y los alimentos; sin embargo, estos habitantes de la Amazonia, no podrían responder preguntas sobre su casa como:

• ¿cuántos nacimientos y fuentes de agua hay en su vereda y en qué estado se encuentran?
• ¿cuántos nacimientos y fuentes de agua han desaparecido en su municipio en los últimos 10 años?
• ¿cuáles son las causas de esas pérdidas?
• ¿con qué recursos cuenta (agua, suelos, flora, fauna, paisajes, otros)?

Quizá, en casos realmente excepcionales alguien logre bordear estos conocimientos sobre su casa, incluso en un nivel local, y difícilmente en una lógica comunitaria. Ahora bien, parece lógico pensar que si uno de esos habitantes decide embarcase en la tarea de administrar un municipio, es decir, un pedacito de esa gran casa llamada Amazonía, el mínimo requerimiento sería partir de este conocimiento.
 
Pero la realidad es cruda, este conocimiento báse es sorprendentemente limitado, y la información existente no se encuentra disponible para quienes habitan el territorio y menos en zonas rurales, pero lo más alarmante, es tener que reconocer que aunque se tuviese esa información, los habitantes de esta casa no están preparados para saber qué hacer con esa información.
 
Entonces, ¿cómo se puede planear, formular e implementar políticas de desarrollo de esta casa partiendo del desconocimiento?, ¿Cómo lograr una interacción tal entre los habitantes de esta casa que permita actuar coherentemente en función de garantizar los recursos para sostener a las futuras generaciones y a su vez la permanencia misma de estos recursos?.
 
Es evidente que los pobladores de la Amazonía deben fortalecerse en el conocimiento de los valores, recursos y potenciales de su casa, deben ser capaces de responder preguntas como: ¿qué hay?, ¿en qué estado se encuentra?, ¿cómo afecta a todos su transformación?, ¿cuál es el impacto de lo que se decide sobre la casa?, y aún más importante, ¿cómo este conocimiento permite la innovación de escenarios productivos y extractivos?.
 
Sólo el conocimiento permitirá a quienes habitan la Amazonía, hallar nuevas formas de aprovechar el potencial de recursos que esta casa ofrece, e incluso descubrir recursos con potenciales mucho mayores que los explotados tradicionalme, que quizá garanticen la sostenibilidad de la familia amazónica con mayores expectativas de calidad de vida. Sólo entonces, tal vez, se logre comprender la delgada línea entre la destrucción de la Amazonía y nuestra propia destrucción como forma de vida.
 
En este sentido, para esta utópica transformación se plantean tres frentes posibles de acción:
 

• El primero, la directríz irrevocable para todos aquellos habitantes que quieran postularse para administrar los recursos de la casa en el nivel local, de conocer a profundidad las cualidades ambientales del territorio, pues es irresponsable que se administre recursos de los que no se conoce su importancia, su valor y su riesgo. Esta tarea puede ser asumida tando por la institucionalidad como por la sociedad civil y todos aquellos actores que trabajan por la promoción del voto consciente, por la apertura de espacios de diálogo como foros políticos pre-electorales, por la revisión y evaluación de propuestas de candidatos donde prime el tema ambiental y bajo metodologías estratégicas se demuestre la idoneidad de los futuros gobernantes.
• El segundo, parte de una realidad evidente. La información ambiental sobre el territorio que habitamos debe estar a disposición y ser la principal herramienta para la toma de decisiones del nivel local. El conocimiento no puede seguir reposando en los anaqueles de académicos, científicos y centros de investigación. Se deben proponer vías claras  de transferencia y gestión de la información y el conocimiento a nivel local, máxime cuando el territorio cuenta con entidades especializadas en la labor, y con una importante inyección de recursos para tal fin. De esta manera, el escenario electoral puede ser aprovechado para garantizar que los nuevos gobiernos locales avancen en la construcción de líneas base sobre los recursos naturales municipales, estrategia que además es fundamental en la materialización de cualquier instrumento de planificación y que puede ser apoyada por estos actores a través de la articulación directa con las administraciones municipales, donde se establezcan procesos innovadores de transferencia de conocimiento, de consulta y monitoreo, de análisis y nuevas tecnologías que faciliten la toma de decisiones de carácter ambiental.
• Y el tercero, corresponde al reconocimiento de la población civil como eje fundamental de la transformación y garantía de los derechos de la Amazonía. En este sentido, no existe otro actor que pueda realizar la labor primaria de reconocer, levantar información, monitorear, aprovechar y proteger el escenario amazónico donde vivimos. La tarea es de todos y aquí juega un papel preponderante las juntas de acción comunal, pues tienen el alcance local que facilita la gestión directa sobre los recursos, pues toda vez que la base social se sienta parte, también se sentirá responsable y protagonista de la toma de decisiones sobre su propia casa. Esta la bor es fundamental y para ella están llamados todos aquellos actores que entre su experiencia, propósitos y misión en el territorio se encuentre el trabajo socio-ambiental, comunitario y de investigación biológica.

 
Finalmente, estos pasos preliminares son pequeños para la magnitud del reto. Sin embargo, garantizar los derechos de la Amazonía, es garantizar nuestros propios derechos, y en este sentido, es fundamental que todo esfuerzo de programas nacionales, regionales, de donantes, instituciones, organizaciones y todo aquel con interés en la Amazonía, tenga un enfoque de gestión del conocimiento sobre esta casa, porque sin este conocimiento, no habrá Política Pública que valga.